Morelia, Michoacán, a 27 de abril de 2026.- Montos que superan los 200 millones de pesos en obra pública, procesos con participación mínima de empresas y proyectos entregados fuera de plazo sin sanciones visibles forman parte de los señalamientos que hoy pesan sobre la gestión de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), encabezada por Gladyz Butanda Macías.
Información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia y reportes de medios locales exhiben un patrón que levanta dudas: licitaciones donde solo aparece un participante, contratos asignados en condiciones poco competidas y retrasos que, pese a estar contemplados como sancionables, no muestran consecuencias documentadas.
El caso más representativo es la ampliación de la avenida Amalia Solórzano, en Morelia, cuyo contrato rebasa los 200 millones de pesos. La obra fue entregada con semanas de atraso respecto al calendario original, aunque en los registros públicos no consta la aplicación de penalizaciones económicas previstas para estos casos. La omisión abre una interrogante directa sobre el manejo de recursos públicos: si hubo incumplimiento, ¿por qué no hubo castigo?
A esto se suman procedimientos de contratación donde la competencia es prácticamente inexistente. En algunos casos, una sola empresa presentó propuesta y resultó ganadora, lo que, si bien puede ser legal, exige justificaciones técnicas que no siempre están claramente documentadas en la información pública disponible.
Otro punto de tensión es el proyecto del Planetario de Morelia, cuyo costo supera los 160 millones de pesos. Comparaciones con obras similares en otras entidades han detonado cuestionamientos sobre posibles diferencias de precio que, hasta ahora, no cuentan con una explicación técnica ampliamente difundida.
Los señalamientos también alcanzan la posible concentración de contratos en determinados proveedores y el uso político de la obra pública, en un contexto donde los proyectos coinciden con una alta visibilidad pública de la funcionaria.
Hasta el momento, no existen resoluciones oficiales que confirmen irregularidades ni sanciones derivadas de estos casos. La Sedum, por su parte, ha defendido la legalidad de sus procesos y ha rechazado anomalías en proyectos específicos.
Sin embargo, cuando los contratos se concentran, la competencia se reduce y los retrasos no se castigan, el problema deja de ser administrativo y se convierte en una cuestión de confianza pública.
