• Busca que el Congreso no solo apruebe normas, sino que conozca si realmente funcionan

Morelia, Michoacán, 11 de noviembre de 2026.- La diputada de extracción morenista Belinda Iturbide Díaz, presentó una iniciativa para establecer en la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, un mecanismo de evaluación del impacto y resultados de las leyes, con la participación técnica del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos.

La propuesta busca fortalecer el trabajo legislativo y contar con herramientas para conocer el funcionamiento real de las normas que aprueba el Congreso del Estado.

Actualmente, el artículo 119 de dicha Ley reconoce al Instituto como un órgano desconcentrado del Congreso, con autonomía técnica y de gestión, cuyo objeto comprende elaborar investigaciones para apoyar los trabajos de la agenda legislativa, asesorar a las comisiones y comités, y producir investigaciones sobre el propio Poder Legislativo.

Dicha base institucional se considera adecuada para fortalecer sus funciones mediante la incorporación de estudios de evaluación legislativa.

La iniciativa plantea que el Congreso pueda solicitar evaluaciones de aquellas leyes que, por su relevancia social, económica, presupuestaria o institucional, requieran un análisis posterior a su entrada en vigor.

Las evaluaciones deberán considerar, entre otros aspectos, los objetivos originales de la norma, las obligaciones que impone, las autoridades responsables de su aplicación, los recursos necesarios para su cumplimiento y los indicadores que permitan conocer sus resultados.

Asimismo, deberán identificar posibles obstáculos de implementación, duplicidades normativas, dificultades administrativas, efectos no previstos y oportunidades de mejora.

La propuesta de la diputada Iturbide contempla que, preferentemente, las evaluaciones se realicen después de transcurridos veinticuatro meses de la entrada en vigor de la ley o de las reformas objeto de análisis, siempre que exista información suficiente para valorar sus efectos.

Este plazo permitirá observar la implementación de las disposiciones y distinguir entre los resultados inmediatos y aquellos que requieren un periodo mayor para manifestarse.

También se propone que las evaluaciones se desarrollen mediante una programación anual, atendiendo a criterios de relevancia pública, impacto presupuestario, alcance social, complejidad institucional y disponibilidad de información.

Otro aspecto relevante es que los resultados sean públicos y puedan ser consultados por las comisiones legislativas, los grupos parlamentarios y la ciudadanía, respetando las disposiciones aplicables en materia de transparencia y protección de datos personales.

La finalidad, destacó la legisladora, es que el Poder Legislativo no se limite a producir normas, sino que también cuente con herramientas para conocer su funcionamiento, medir sus resultados y promover su mejora continua.